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Mensaje

PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL

Se declaró inconstitucional que la AFIP trabe embargos: Fallo "Intercorp"

“AFIP c/Intercorp S.R.L.”, CSJN, 15/06/2010

En el presente caso se analiza la legalidad de la ley 25.239, que facultó a la AFIP a trabar embargos en forma unilateral sobre el patrimonio de los contribuyentes.

Dicha norma modificó el art. 92 de la ley de procedimiento 11.683, disponiendo lo siguiente:

"La AFIP … podrá decretar el embargo de cuentas bancarias, fondos y valores depositados en entidades financieras, o de bienes de cualquier tipo o naturaleza, inhibiciones generales de bienes y adoptar otras medidas cautelares tendientes a garantizar el recupero de la deuda en ejecución ... En cualquier estado de la ejecución podrá disponer el embargo general de los fondos y valores de cualquier naturaleza que los depositados tengan depositados en las entidades financieras”

Por voto mayoritario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se declara inconstitucional de las normas impugnadas.

Argumentos del voto mayoritario (Lorenzetti, Fayt, Maqueda, Zaffaroni):

1) Se produce una delegación de atribuciones que hacen a la función judicial, el magistrado pasa a ser un mero espectador. Se viola el principio de “distribución de poderes”.

El art. 92 de la ley 11.683 contiene una inadmisible delegación, en cabeza del Fisco Nacional, de atribuciones que hacen a la esencia de la función judicial. En efecto, permite que el agente fiscal pueda, por sí y sin necesidad de esperar siquiera la conformidad del juez, disponer embargos, inhibiciones o cualquier otra medida sobre bienes y cuentas del deudor. Por lo tanto, se introduce una sustancial modificación del rol del magistrado en el proceso, quien pasa a ser un mero espectador que simplemente es “ informado”  de las medidas que una de las partes adopta sobre el patrimonio de su contraria.

Tan subsidiario es el papel que la norma asigna al juez en el proceso que prevé que, para el supuesto de que el deudor no oponga excepciones, sólo deberá limitarse a otorgar una mera constancia de tal circunstancia para que la vía de ejecución del crédito quede expedita.

2) Se viola el principio de tutela judicial efectiva y defensa en juicio.

Tanto la verificación de la concurrencia de los requisitos específicos para la procedencia de las medidas cautelares — “ verosimilitud del derecho”  y “ peligro en la demora” —  como la evaluación de su proporcionalidad de acuerdo a las circunstancias fácticas de la causa no son realizadas por un tercero imparcial sino por la propia acreedora, que no tiene obligación de aguardar la conformidad del juez para avanzar sobre el patrimonio del deudor.

3) También hay una violación del derecho a la propiedad

El art. 17 de la Norma Suprema en cuanto en él se establece que la propiedad es inviolable y ningún habitante puede ser privado de ella sino es en virtud de una sentencia fundada en ley. No resulta óbice a ello el hecho que lo puesto en tela de juicio sea la potestad de disponer unilateralmente medidas cautelares, pues afectan concretamente el derecho de propiedad del individuo, “ ya que si bien no importan — en principio—  una ablación de su patrimonio, su función es, precisamente, limitar de manera efectiva otros atributos no menos importantes de ese derecho, cuales son los de usar y disponer de él, con función de garantía

Por todo lo expuesto, la norma es declarada inconstitucional.

Vigencia de esta declaración:

•   Esto fallo no es retroactivo: son válidas las medidas cautelares trabadas hasta el 15/06/2010. Esto se determinó para evitar que este fallo origine una catarata de demandas contra el Fisco.

De todas maneras, consideramos que hubiera sido conveniente que también se reconozca los efectos de este fallo aunque sea a quienes habían presentado acciones judiciales por este tema.

•   Las futuras deberán ser requeridas al juez competente